Los agentes fronterizos estadounidenses que detuvieron a aquel grupo de ciudadanos indios que acababa de cruzar la frontera desde México no terminaban de entender su relato porque aseguraban que habían llegado a México desde Polonia, a donde habían volado desde India después de pagar decenas de miles de dólares por una visa Schengen. Se hacían pasar por un grupo de técnicos que trabajaban en películas de Bollywood.
Las fronteras de la mayor parte de los países de la Unión Europea están abiertas entre ellos. Y las externas se gestionan en parte en común. Ese espacio interior de libre circulación se llama ‘Espacio Schengen’, en honor a la ciudad luxemburguesa donde se forjó el pacto que lo puso en marcha.
Por eso, cuando un consulado de un país europeo concede una visa, es una visa ‘Schengen’ y es válida para moverse por todo ese espacio.
Esa ventaja que da la Unión Europea a sus residentes fue aprovechada por funcionarios polacos para hacerse de oro. A pesar de que su gobierno es uno de los que mantiene una política y una retórica más dura con la inmigración, ellos decidieron que podían llevarse una fortuna vendiendo esas visas, normalmente por 5.000 dólares, pero en algunos casos por hasta 40.000 dólares.
Negocios turbios en Africa, Asia y Europa oriental
Así, desde 2021, cuando pusieron en marcha el sistema corrupto, habrían vendido más de 250.000 visas por miles o decenas de miles de dólares cada una. El grupo de indios que llegó a Estados Unidos usó una de esas visas multientrada para volar desde Polonia hasta México (que no pide visa a los polacos) y desde allí intentar cruzar la frontera estadounidense.
Las visas se vendieron sobre todo en consulados africanos, pero también en los de Mumbai, Riad, Islamabad, Nueva Delhi, Bangkok, Singapur, Hongkong, Manila, Taipei o Dar-es Salam. Algunas en países supuestamente enemigos como Bielorrusia.
El gobierno polaco reaccionó el viernes pasado anulando los contratos que tenía con empresas que procesaban la concesión de visas, pero sobre todo despidiendo al jefe del departamento legal de la Cancillería (Jakub Osajda) y al vice canciller y encargado de asuntos consulares (Piotr Wawrzyk).
El gobierno también acusa al antiguo canciller y ahora eurodiputado Radoslaw Sikorski, que dejó la Cancillería en 2014, siete años antes de que empezara a funcionar el negocio ilegal de venta de visas. Hay siete procesados más por el escándalo y tres detenidos.
Escándalo político
El escándalo tiene dos repercusiones políticas graves para el gobierno polaco, que va a las urnas el 15 de octubre con una muy corta ventaja sobre la oposición europeísta que lidera el antiguo primer ministro y antiguo presidente del Consejo Europeo Donald Tusk.
El PiS, el partido ultranacionalista gobernante, blandió siempre como un éxito su durísima ley migratoria y su negativa a participar en cualquier reparto de refugiados en Europa, aunque eso le costara violaciones del derecho europeo y multas.
El partido oficialista quería que en las elecciones sólo se hablara de inmigración, por lo que convocó, el mismo día de las legislativas, un referéndum sobre la política migratoria europea. Ahora intenta sobre todo que no se hable de inmigración.
El primer ministro Mateusz Morawiecki dijo el viernes que “no hay un problema de inmigrantes ilegales en Polonia” y acusó a Tusk de intentar instrumentalizar el escándalo para “crear una falsa realidad” que le lleve a la jefatura del gobierno.
Morawiecki dice que son sólo “unos centenares de visas”, pero esas son sólo las probadas y el número es mucho mayor, tan grande que en los países vecinos llevan tiempo preguntándose de dónde salían tantos inmigrantes con visas Schengen concedidas por Polonia.
Choque con Alemania
La segunda repercusión es con su vecina Alemania, destino final de muchos de esos inmigrantes que llegan con visas Schengen polacas a las que en principio no tenían derecho y que consiguieron pagando coimas.
El gobierno alemán explicó este lunes que está estudiando imponer controles de movimientos en su frontera con Polonia, lo que perjudicaría a las decenas de miles de polacos que por motivos laborales se mueven a diario entre los dos países.
El gobierno polaco reaccionó furioso. El canciller Zbigniew Rau dijo que la idea alemana “es un intento de interferir en los asuntos internos del Estado polaco y en la campaña electoral en curso en Polonia”.
Rau dijo que el primer ministro alemán Olaf Scholz debe “respetar la soberanía polaca y evitar declaraciones que dañen las relaciones mutuas”. Pero Scholz puede alegar ese escándalo para imponer los controles, que debe después validar la Comisión Europea. Francia los hace con Italia y España, supuestamente por la amenaza terrorista, pero a nadie en Bruselas, Madrid y Roma se le escapa que lo hace para controlar los flujos migratorios.
La Comisión Europea no esperó ni al lunes y el fin de semana pasado ya envió a Polonia una carta con una lista de preguntas sobre la extensión del sistema de venta de visas a cambio de coimas.
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