En una violenta marcha, unas 7.000 personas protestaron en Madrid contra la amnistía de Pedro Sánchez al independentismo catalán

“España no pacta con traidores. Amnistía no”, dice una de las pancartas en manos de varios manifestantes que esta noche de martes volvieron a protestar en las puertas de la sede madrileña del PSOE, el partido cuyo secretario general y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, está negociando una amnistía para el independentismo catalán que intentó separarse de España en 2017 a cambio de que apoyen su reelección.

Unas 7.000 personas se agolparon sobre la calle Ferraz en Madrid y ante las agresiones de algunos grupos que se cubrían la cara y arrojaban petardos, piedras y botellas a los agentes que habían vallado la zona, la policía antidisturbios respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Muchos de los manifestantes gritaban: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.

Las protestas comenzaron el fin de semana en varias sedes socialistas de las principales ciudades españolas y la tensión aumenta en las calles. Están organizadas por grupos de ultraderecha “apadrinados” por Vox que convocan las reuniones anti-amnistía a través de las redes sociales.

Este martes hubo empujones y algunos manifestantes saltaron las vallas con las que la Policía había cercado el ingreso del PSOE. Detuvieron a tres personas y el comportamiento policial fue cuestionado.

“A la policía le pedimos que no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse”, pidió el líder de Vox, Santiago Abascal, que el lunes estuvo en la protesta.

“No obedecen ningún criterio político. Obedecen criterios operativos. Su cadena de mando establece que las fuerzas de seguridad cumplan su función”, defendió la acción policial el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La plataforma Revuelta, una organización de estudiantes que profesan “valores cristianos”, fueron los que convocaron las protestas del lunes por la noche.

La concentración de este martes fue organizada por la agrupación de derecha Desokupa, cuyos miembros desplegaron pancartas con inscripciones como “Pedro Sánchez a prisión” y “España no se vende”.

Sirenas, humo, bengalas y huevos arrojados contra la sede del PSOE y contra la Policía crispaban el ambiente a las nueve de la noche, dos horas después del inicio de la protesta.

“No entiendo por qué se ponen violentos con la cantidad de gente que se está manifestando pacíficamente”, dijo a Clarín Alfredo Perdiguero, un oficial vestido de civil que acompañaba a un grupo de periodistas de un radio.

El PSOE pidió, desde temprano, que todas las sedes partidarias cerraran a las cinco y media de la tarde para evitar disturbios.

En la conferencia de prensa que el gobierno en funciones ofrece cada martes luego de la reunión de gabinete, la ministra portavoz Isabel Rodríguez definió las protestas frente a la sede del PSOE como “un ataque a la democracia”.

Este martes por la noche, parte de la manifestación marchó desde la calle Ferraz hacia el centro de la capital. Con banderas de España, cientos de personas cortaron la Gran Vía e intentaron llegar hasta el Congreso de los Diputados, sobre el Carrer de San Jerónimo de Madrid. Pero la sede del Parlamento se blindó y les cerró el paso.

Eran casi las nueve y media de la noche cuando autos y colectivos volvieron a circular por la Gran Vía.

Mientras tanto, el destino del futuro gobierno de España se seguía negociando en Bruselas, a 1.500 kilómetros de la sede del PSOE sobre la calle Ferraz de Madrid.

En Bruselas se refugia, desde hace seis años, Carles Puigdemont, el ex presidente catalán que huyó de España en 2017, para no ir a prisión, por haber organizado un referéndum de autodeterminación ilegal y haber declarado la independencia de Cataluña.

Puigdemont, que en España está considerado un prófugo de la justicia, tiene en sus manos la llave para que Pedro Sánchez pueda volver a ser presidente.

Porque el candidato del PSOE necesita los votos del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, para alcanzar la mayoría parlamentaria que le permitiría ser investido presidente del gobierno.

Y tanto Junts como Esquerra Republicana, el partido independentista catalán más moderado, exigen, a cambio de su apoyo, una ley de amnistía que incluya a cientos de personas con causas abiertas por haber participado en el intento de independizar a Cataluña del resto de España.

Las muestras de desaprobación a la amnistía que Pedro Sánchez negocia con el independentismo catalán no sólo está en las calles.

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial condenó la medida de gracia y, a través de una declaración institucional, afirmó que aprobar una amnistía “supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio de un interés personal”.

“La amnistía anunciada carece de la legitimidad democrática”, señaló, por su parte, un grupo de intelectuales -entre los que figura el filósofo y escritor Fernando Savater- en un manifiesto.

Y desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció: “Estaremos el 12 de noviembre a las 12 en todas las capitales de provincia” para manifestar un “no” a la amnistía.

A Pedro Sánchez le quedan veinte días para lograr que el Congreso lo nombre presidente de nuevo. Si no lo consigue antes del 27 de noviembre, la ley electoral establece que se disolverán las Cortes y habrá nuevas elecciones en enero del año que viene.