con protestas en las calles crece el descontento por la amnistía que Pedro Sánchez promete al independentismo catalán

En España, el descontento social se propaga. Y cada vez son más los sectores que alzan la voz para oponerse a la inminente ley de amnistía a los independentistas catalanes que el gobierno en funciones está a punto de presentar en el Parlamento a cambio de que los partidos soberanistas apoyen la reelección de Pedro Sánchez.

El separatismo catalán exige una amnistía para cientos de personas que estuvieron involucradas en el referéndum ilegal y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017 por la que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó de España a Bélgica, donde vive desde entonces.

Hoy, paradójicamente, son los votos del partido de Puigdemont -Junts per Catalunya- los que Sánchez necesita como el aire que respira: son indispensables para alcanzar las adhesiones parlamentarias que le permitirían volver a ser investido presidente del gobierno de España.

Y a pesar de que Sánchez ya acordó un proyecto de ley de amnistía con una parte del independentismo catalán -con Esquerra Republicana-, Junts impone sus propias condiciones antes de que la ley sea presentada en el Congreso de los Diputados para su tratamiento parlamentario.

Este lunes, un grupo de intelectuales, entre los que figuran el filósofo y escritor Fernando Savater y el director de cine Iñaki Arteta, firmaron un manifiesto en el que se oponen a la amnistía y reclaman una repetición electoral.

“La amnistía anunciada carece de la legitimidad democrática que es exigible para una decisión de esta trascendencia, aunque fuera aprobada por una exigua mayoría absoluta del Congreso de los Diputados -señala el manifiesto-. El PSOE no incluyó en su programa electoral esta medida que ahora, meses después, se quiere presentar públicamente como imprescindible para mejorar la convivencia en Cataluña.”

Agrupados en la plataforma cívica Consenso y Regeneración, sus integrantes -escritores, periodistas, juristas, empresarios y ex dirigentes del PSOE y Ciudadanos, entre otros miembros- reclaman, por otra parte, “una repetición electoral en la que los partidos expongan de manera clara y evidente su postura respecto a la amnistía de manera que los ciudadanos podamos votar bien informados”.

Este manifiesto se suma al de los juristas: más de 200 letrados y profesionales del Derecho adhirieron al manifiesto “Juristas por la amnistía, la democracia y la convivencia”.

Y a una ola de protestas contra la amnistía que el Partido Popular y Vox vienen organizando, por separado, en las principales ciudades españolas.

“Estaremos el 12 de noviembre a las 12 en todas las capitales de provincia”, anunció este lunes el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para el domingo que viene.

“No nos vamos a callar ante el ataque al Estado de derecho que perpetran Pedro Sánchez y sus socios”, dijo Núñez Feijóo.

También las sedes del PSOE están en la mira de las marchas. Este fin de semana, grupos de manifestantes cortaron la calle Ferraz de Madrid, a la altura de la sede socialista. Con banderas de España y al grito de “Sánchez dimisión” y “Puigdemont a prisión” protestaron contra la ley de amnistía.

Para este lunes, a las ocho de la noche, están previstas otras concentraciones delante de las sedes del PSOE en once ciudades. Los organizadores serían grupos de jóvenes “apadrinados” por Vox.

Pedro Sánchez tiene tiempo hasta el 27 de noviembre para intentar formar un nuevo gobierno.

No se trata de una fecha caprichosa sino del día en el que se cumplen dos meses desde el primer intento de investir a un presidente.

Fue el que protagonizó el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien, a pesar de haber sido el más votado en las elecciones generales del 23 de julio, no logró reunir los apoyos necesarios para que el Parlamento lo ungiera presidente del gobierno.

Por eso éste es el turno de Pedro Sánchez.

Hasta ahora, Sánchez cuenta con el “sí” de Sumar, la coalición de partidos a la izquierda del PSOE que lidera su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; con el apoyo de los vascos de EH Bildu y con el de Esquerra.

Este lunes cerró también trato con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que permitirá la investidura de Sánchez a cambio de algunas mejoras para los suyos: que Galicia tenga el mismo estatus que Cataluña y el País Vasco y que se la exima de pagar una parte de la deuda pública. Además, que el permiso de maternidad y paternidad se amplíe a 20 semanas y que aumente la cantidad de juzgados de violencia de género en Galicia.

Aun así, Pedro Sánchez tendría garantizados sólo 166 votos de los 350 diputados que integran el Congreso.

Para conseguir la confianza del Parlamento tiene dos opciones: o contar con la mitad más una de las bancas -es decir, 176- el primer día de votación; o reunir más “sí” que “no” en una segunda votación.

Por ahora, las cuentas no le dan.

Hay 171 los votos en contra de la investidura de Sánchez: son los que orresponden a los diputados del Partido Popular, los de Vox y el escaño de Unión del Pueblo Navarro.

El acuerdo que el PSOE firmó con Esquerra Republicana de Cataluña la semana pasada no sólo incluye una ley de amnistía sino, además, el traspaso de los trenes de corta y media distancia, que los catalanes reclamaban desde hace años, y la condonación de una deuda de 15 mil millones de euros que la comunidad autónoma tiene con el Estado.

Esta última medida irritó a varios presidentes regionales, sobre todo los que no pertenecen al PSOE.

“Las deudas no se condonan, lo que hacen es repartirse entre varios para que quien contrajo la deuda tenga que pagar menos o no tenga que pagar nada, por lo tanto la deuda que se está negociando con el independentismo catalán se pretende repartir para que la paguemos entre el resto de comunidades autónomas”, dijo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP).

La semana pasada Pedro Sánchez soñaba con un debate de investidura previsto para estos días. Pero lo fatigosa que está resultando la negociación con los independentistas catalanes y vascos de derecha -Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV)- pronostica que la sesión de investidura se va a hacer rogar.