El rotundo triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial liberó una cascada de consecuencias que apenas pueden vislumbrarse y que irán creciendo, chocando, avanzando y anulándose entre ellas con el trepidante correr de la breve transición hasta el 10 de diciembre, y aún en las primeras semanas del nuevo gobierno.
Uno de los tableros donde más rápido y más fuerte se verá el cambio de rumbo es el de la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial, hecha trizas durante la administración saliente de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
La primera señal de ese volantazo la dio el presidente electo este mismo lunes, cuando confirmó al abogado Mariano Cúneo Libarona como su ministro de Justicia. La segunda, aunque todavía in pectore, podría ser el empinamiento de Miguel Ángel Toma -o alguno de sus colaboradores cercanos- en la Agencia Federal de Inteligencia.
Esas designaciones envían a los tribunales los primeros mensajes: el interlocutor formal del gobierno ante ellos es un hombre que conoce cada pulga que anida en los expedientes cosidos a mano que todavía revientan algunos juzgados. Y que llega con un ramo de olivo en su mano derecha. Así lo entendieron en Comodoro Py, donde operan los poderosos jueces federales.
Cúneo mostró sus cartas. Pero muchas de ellas no están en su puño: la alentadora autarquía financiera de la Justicia, la nominación de candidatos para la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento de decenas de jueces y fiscales necesarios en todo el país, la aprobación del nuevo Código Penal y la aplicación del modelo acusatorio en los procesos penales deben pasar por el Congreso.
Una agenda republicana para tentar a los radicales
En ambas Cámaras, la presencia de los libertarios y de sus flamantes socios del PRO es largamente minoritaria. Será fundamental una profunda conversación con los legisladores radicales, de la Coalición Cívica y peronistas díscolos para poder aprobar aquellas iniciativas. ¿Una ventaja? En esa agenda las coincidencias con los exintegrantes de Juntos por el Cambio son mucho mayores que en Economía o en Seguridad, por ejemplo.
Si se eligiera a los interlocutores indicados y se pulsaran los botones correctos, algunas designaciones y proyectos podrían concretarse con cierta velocidad.
La constitución final de los bloques legislativos tiene efectos directos en otro espacio clave: el Consejo de la Magistratura. En ese organismo que selecciona a los candidatos a jueces y sanciona a los magistrados por mal desempeño, los integrantes fueron elegidos el año pasado, y permanecerán en sus lugares por cuatro años. Pero el representante del Poder Ejecutivo será designado por Milei y reemplazará al ultra K Gerónimo Ustarroz. Ese pequeño cambio podría ser clave.
También es dramática la necesidad de diputados afines para poder izar una bandera determinante en la prometida nueva era del vínculo entre el gobierno y los jueces: el archivo del juicio político a los integrantes de la Corte.
Inspirado en la necesidad y la orden de Cristina Kirchner para apretar hasta la asfixia a los magistrados que tienen o tendrán en sus manos las causas por corrupción contra ella, el proceso transcurrió todo este año en medio de aprietes a testigos y la ya indisimulable sombra del espionaje ilegal detrás de algunas acusaciones y cargos en la Comisión de Diputados que agita ese fantasma gracias al vital apoyo de Sergio Massa a través de dos diputados -Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán- sin quienes el kirchnerismo no habría alcanzado la exigua minoría de 16 votos contra 15.
El escándalo del espionaje que involucra al diputado Rodolfo Tailhade retrasó el dictamen que el oficialismo puede votar en cualquier momento. Aunque el palazo de las urnas podría haber enfriado esos ánimos, la voluntad popular no suele ser un obstáculo para Cristina si es que no coincide con su deseo.
El otro camino para segar el proyecto sería, entonces, votarlo en contra en el recinto, y patearlo al archivo. Una vez más, habrá que afinar la frecuencia para sintonizar con los excambiemitas y peronistas «republicanos».
Las reformas económicas y una llave maestra en tribunales
Llegamos entonces a los dos últimos núcleos duros del paquete judicial que tendrá que desatar el presidente electo. El primero es justamente desbrozar el camino a los magistrados que tienen que juzgar a Cristina por corrupción en gravísimas causas pendientes.
En ese frente sí se alinean los incentivos, para elegir vocablos del paladar mileísta. Jueces, camaristas y fiscales atosigados con todas las herramientas posibles en estos cuatro años ya comenzaron a recibir el mensaje opuesto: nadie interferirá en su trabajo. Son malas noticias para la actual vicepresidenta, cuya fortaleza política seguirá en manos de los legisladores cercanos que se cuidó en multiplicar. Tal vez el resto del peronismo no sienta esa lealtad con la misma intensidad. Una vez más, cuestión de incentivos.
Pero el escenario más delicado para el nuevo presidente, en el que jugará la suerte de su gobierno y la pericia de sus intérpretes, es el que deberá afrontar ante los tribunales para defender las reformas radicales que promete concretar: dolarización, cierre del Banco Central, reforma del Estado, venta de YPF, Aerolíneas Argentinas o los medios públicos, todo será resistido en la justicia aún si pasara el Everest del Congreso.
Las miradas apuntan entonces al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal -donde tiene mucha influencia Sergio Gustavo Fernández, hermano de Javier, otro operador histórico en Comodoro Py- y a la Corte Suprema de Justicia: según la velocidad con que tramiten demandas y amparos, el máximo tribunal tardará más o menos en atenderlos y resolver.
La Corte, donde ahora funciona una «mayoría estable» de tres ministros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- frente al solitario Ricardo Lorenzetti, podría alterar ese mapa según los temas que lleguen a su estrado: por ejemplo, mientras que Rosatti ya rechazó la dolarización por inconstitucional, Lorenzetti considera que esa no es la única interpretación posible.
En cuestiones laborales y económicas, Rosenkrantz suele tener una mirada más liberal -en términos alberdianos- que sus compañeros peronistas. Desde luego, habría que rehacer todos los cálculos si el año que viene ingresa a la Corte una nueva ministra y se jubila Maqueda, a sus 75 años.
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