El kirchnerismo presiona a la Corte Suprema y avanzará con el dictamen de juicio político

La crisis interna de Juntos por el Cambio y el triunfo de Sergio Massa en la elección general entonó aún más al kirchnerismo en su avanzada contra la Corte Suprema de Justicia. En el corto plazo, mantiene el juicio político contra los miembros del máximo tribunal, a quienes acusa de mal desempeño en sus funciones, y espera sacar dictamen antes de que termine noviembre. Y un sector radicalizado también deja una ficha puesta en la posibilidad de avanzar con la destitución de los jueces a partir de una reconfiguración del Congreso. Difícil.

Si bien los K más duros mantuvieron un bajo perfil -por indicación de las mismas autoridades parlamentarias- después de la dura derrota de Patricia Bullrich en las elecciones del domingo pasado, que dejó a Massa y a Javier Milei dentro del balotaje, el Frente de Todos renovó en Diputados su ofensiva contra el Poder Judicial a partir de la virtual fractura de la oposición.

Es que la decisión de la ex candidata presidencial de avanzar, con el guiño de Mauricio Macri, en un acuerdo con el libertario para la segunda vuelta fragmentó a la principal coalición opositora y eso ilusionó al oficialismo sobre la posibilidad de conseguir las mayorías para aprobar la acusación en el recinto y así girarla luego al Senado.

Todo esto en un contexto en el cual, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, desea -a menos de 48 horas de las elecciones- que el nuevo período presidencial “marque un camino de unidad y de unión nacional». La declaración tuvo coincidencia con el eslogan del candidato de Unión por la Patria y provocó la reacción de Ricardo Lorenzetti, quien entendió que hubo «una actitud deliberada de hacer saber esa opinión».

En rigor, las declaraciones de Rosatti, tal como informó este diario, recalentaron la interna del máximo tribunal, que ya venía intensa luego de que Lorenzetti sólo fue acusado por la cautelar de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, algo que era inevitable.

Sin embargo, Lorenzetti pudo evitar cargos por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales como de un supuesto enriquecimiento ilícito. La Coalición Cívica intentaba recuperar esta última acusación a partir de una presentación anterior de Elisa Carrió.

Pero lejos de alentar un alivio en el juicio político a la Corte a partir del mensaje de Rosatti, el kirchnerismo mantuvo un viejo anhelo de Cristina Kirchner de avanzar sobre la actual composición del tribunal, y sobre todo luego de que la vicepresidenta no pudo eludir la reapertura de las causas Hotesur y la vinculada con el memorándum con Irán. Tenía y tiene los votos para hacerlo en la comisión.

La mirada está puesta en la nueva conformación de la Cámara y pese a que el kirchnerismo pasará a tener 108 diputados a partir del 10 de diciembre (10 menos que en la actualidad) espera sumar el apoyo de la oposición que tras el balotaje podría quedar dividida en dos bloques.

Uno de los sectores que incluiría a los libertarios y el ala dura del PRO llegaría a unos 60 legisladores, mientras que lo que queda de Juntos por el Cambio entre UCR, Coalición Cívica y el larretismo tendrían unas 70 bancas.

«Ojalá podamos tener la mayoría para sacar a los ministros de la Corte», deslizó entusiasmado un importante diputado ante un grupo de periodistas. Cuando se le preguntó si no era más conveniente avanzar con una ampliación del máximo tribunal dejando a Rosatti, Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, el legislador rechazó esa opción y ratificó la intención de ir por la destitución de los cuatro ministros.

En la Cámara baja hay un proyecto de ampliación a 15 miembros de la Corte que tiene la media sanción del Senado pero que hasta el momento no se trató ni en comisión. Pese a esa opción, que no requiere de mayorías especiales, el kirchnerismo quiere ir por la remoción de los jueces.

Por ahora, el kirchnerismo sólo puede avanzar con el proceso de enjuiciamiento en Diputados, donde ingresó en su etapa final. Recientemente se remitió al máximo tribunal las pruebas que fueron recolectadas en su contra, mientras la oposición hizo una presentación a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, para que se anulen las testimoniales por diferentes irregularidades como la falta de derecho a la defensa.

La comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard, volverá a reunirse el 7 de noviembre. Ese día los tres ministros podrán presentar en forma presencial su descargo, aunque también lo pueden hacer por escrito o directamente no responder, que fue la opción que adoptó Maqueda cuando se lo acusó por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales.

Luego, el oficialismo, que tiene la mayoría en la comisión con 16 de los 31 representantes, se fijó como fecha límite para emitir dictamen el 17 de noviembre, es decir, dos días antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Luego, para aprobarlo en el recinto, necesitaría dos tercios de los presentes. Hoy, imposible. Con la nueva conformación y la división opositora, muy complejo también.

«Pero como el dictamen mantiene una vigencia de tres años en el Congreso, es una amenaza que mantenés latente contra la Corte, más allá de que tengan o no el número para avanzar en el recinto», aportó una fuente que sigue el caso de cerca.