El suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento continuó este martes con su defensa en el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo somete a juicio de destitución por mal desempeño de sus funciones.
En simultáneo, Bento es juzgado en los Tribunales Federales de Mendoza por la megacausa en la que se lo acusa de liderar una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes.
En su defensa, Bento cuestionó la investigación penal del fiscal Dante Vega. “Las causas se están desmoronando como un castillo de arena», dijo. Y aseguró que los testigos que declararon en su contra fueron obligados y hasta sufrieron “violaciones y torturas”.
Bento desestimó las acusaciones sobre su eventual enriquecimiento ilícito: “No me fui de Buenos Aires a Mendoza para enriquecerme, acá ganaba mejor en la administración privada”, en referencia a su anterior empleo, en la ciudad de Buenos Aires.
Respondió a preguntas de los acusadores designados: Miguel Piedecasas (representante de los abogados del interior), la diputada Roxana Reyes (Juntos por el Cambio-Santa Cruz), y el senador Eduardo Vischi (Juntos por el Cambio-Corrientes).
Los acusadores le consultaron cuál es el contubernio que dice hay en Mendoza para quedarse con su cargo. Y por qué no apeló los procesamientos o recusó al fiscal Dante Vega.
A lo que Bento explicó: “No apelé ninguno de los procesamientos porque los mismos camaristas fueron los que me intervinieron en las causas en las que se me acusa y no se excusaron en intervenir. Evidentemente, formaban parte de un contubernio”.
Sobre el fiscal Dante Venga, de quien Bento sospecha que actúa por una supuesta venganza por haber quedado relegado en la selección del puesto de juez que él desempeñaba, el magistrado suspendido dijo: “Si lo hemos denunciado en Mendoza con mi anterior abogado (Mariano Cúneo Libarona) y en varias presentaciones en la Procuración General de la Nación, pero nunca hemos tenido una respuesta”.
Los acusadores mencionaron la falta de colaboración del juez en la entrega de pruebas, como es el caso de su teléfono celular que se negó a darlo durante el allanamiento a su casa, en mayo de 2021.
Varias veces, antes cada intervención del consejero Piedecasas, interrumpió el actual abogado de Bento, Mariano Fragueira Frías, por considerar acusadoras e improcedentes las preguntas.
Sin embargo, Bento respondió a cada consulta: “Desde el 28 de enero de 2001 he querido presentar pruebas al expediente. Y no me permitieron. Lo que no di fue mi teléfono personal porque tengo conversaciones y fotos familiares, muchas conversaciones con colegas de Buenos Aires, vinculadas con cuestiones electorales, y por qué el día 4 de mayo, anterior al allanamiento, había sido imputado”.
Acusó, una vez más, a los medios de prensa de adelantar los pasos procesales de la causa penal en Mendoza: “Antes de ser notificado, los medios decían que ya estaba imputado”.
Bento negó haber tomado un crédito del Banco Nación para vivienda única y familiar siendo que tenía tres, lo cual le impedía hacerlo. «Nunca lo hice ni abusé de mi cargo. Me gustaría que el consejero Piedecasas me muestre los papeles, pero no podrá hacerlo porque esa documentación no existe».
El préstamo hipotecario que tomé fue para adquirir una vivienda, dijo Bento y exhibió la resolución 418 de la gerencia del Banco Nación Mendoza que le otorgó ese empréstito a 120 meses de plazo «que no contrarió ninguna norma penal ni administrativa. Pagué en término».
Los viajes al exterior del juez Bento
En cuanto a los recurrentes viajes al exterior, el magistrado suspendido se excusó: “Compraba los pasajes a Miami, Orlando, Las vegas y destinos en Europa, con millas y con tarjetas”.
Admitió que fue varias veces a Las Vegas porque le resultaba “económico” y era “fácil desplazarse desde ese destino a otros sitios en Estados Unidos”. Y justificó sus viajes al extranjero al indicar que fueron para compensar sus intensos años de trabajo como subrogante.
“Alojarse en un hotel casino no implica infringir la norma de no concurrir a un casino”, argumentó Bento.
Por último, acusó al fiscal y al juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas de armar “un juicio romano y permitir que, en plena pandemia, entraron 20 personas a mi casa, donde vive mi hijo con capacidades especiales”.
Las acusaciones, que justifican la imputación por mal desempeño de su cargo, reflejan en gran parte lo que la justicia mandocina viene juzgando en sus tribunales, en cuyos estrados Bento y su familia están acusados de múltiples delitos: asociación Ilícita, cohecho pasivo (15 hechos), prevaricado, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial (en dos oportunidades) y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
Ese catálogo de irregularidades fue investigado en diez expedientes judiciales distintos, con hechos comprensibles para cualquier ciudadano: meterse en causas en las que debería haberse excusado, vender un departamento antes de que se lo embarguen, negarse a entregar su teléfono, intentar manipular la tarjeta SIM del aparato, borrar mensajes comprometedores, vaciar una caja de seguridad cuando supo que se la iban a allanar, y negarse a entregar su pasaporte y documentos de viajes que hubieran revelado adónde estuvo y dónde podría haber escondido dinero ilícito.
No es todo: también manipuló, cambió y falseó datos en declaraciones juradas patrimoniales -evitó mencionar desde dinero hasta un reloj Rolex-, omitió declarar cuentas, fondos y tarjetas de crédito emitidas en el exterior, intentó ocultar muchos viajes al exterior, durante los cuales se alojaba en hoteles suntuososo, se fotografiaba en limusina, con bebidas o asistía a costosos recitales en el exterior. Las excursiones incluyeron reiteradas visitas al casino del hotel Caesar Palace de las Vegas, lo que estáexpresamente prohibido por las normas de la justicia nacional.
El jury seguirá con la exposición de los 15 testigos. A continuación lo harán, desde Mendoza, el ex juez federal Alfredo Manuel Rodríguez y el abogado penalista Ricardo Sánchez, además de empleados de la Justicia Federal de Mendoza.
Luego, el tribunal integrado los jueces de cámara Javier Esteban de la Fuente (Presidente) y Javier Leal de Ibarra (Vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán y José María Torello, las diputadas Anahí Costa y Ana Clara Romero, y el abogado Alfredo Enrique Barrau deberá analizar si avanza con la destitución del suspendido magistrado de Mendoza, para lo cual necesitará cinco de los siete votos.
El proceso del jury de la Magistrutura no puede durar más de un mes: el Jurado de Enjuiciamiento debe emitir una sentencia antes del 27 de noviembre.
Si el jurado encontrara culpable a Bento se lo destituirá, le retirarán los fueros y deberá ser detenido para cumplir prisión preventiva por el juicio oral penal que en julio comenzó contra el magistrado en Mendoza, que se realiza en paralelo. Hasta ahora el juez goza de fueros que impiden su detención.
La audiencia de este martes es transmitida parcialmente por el Poder Judicial de la Nación vía streaming.
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