El Consejo Constitucional francés censuró este jueves, de manera total o parcial, más de una tercera parte de los 86 artículos de la nueva ley de inmigración que fue votada por el Parlamento el mes pasado.
Los llamados «nueve sabios», máximo órgano de arbitraje, derribaron así la mayoría de las medidas más duras con los inmigrantes y demandantes de asilo que habían sido introducidas por la derecha en el Parlamento y aplaudidas por la extrema derecha.
Entre los puntos censurados se encuentra el trato diferencial -y discriminatorio- a los inmigrantes para recibir prestaciones sociales, las restricciones a la reagrupación familiar y la fijación de una fianza a pagar por los estudiantes extracomunitarios para garantizar que vuelven a su país tras acabar su formación. Tampoco ha recibido el visto bueno el establecimiento de cuotas migratorias.
Medidas inviables según la Constitución
El fallo del Consejo Constitucional supone un serio bofetón institucional a los políticos, tanto al presidente Emmanuel Macron como al Gobierno y a la oposición, por haber construido a última ahora, de modo caótico, un consenso sobre una propuesta que era inviable según la actual carta magna.
Manifestantes frente a la sede del Consejo Constitucional en París. Foto: AP Lo más grave es que el propio Macron y su Gobierno eran conscientes de que se votaba un texto que contenía disposiciones inconstitucionales. Lo admitieron públicamente. En resumen, El Constitucional pone en evidencia una chapuza política considerable que puede pasar factura en las elecciones europeas de junio.
De los 86 artículos de la ley, 32 no pasan el examen por considerarse que engloban aspectos que se colaron en el texto pero no tienen una relación suficiente con la materia que se pretendía legislar, que van más allá del tema migratorio objeto de la ley. Tres son censurados por no ajustarse a la Constitución. Otros dos son rechazados por defecto de forma.
El Gobierno trató de poner al mal tiempo buena cara al destacar que muchos aspectos del texto original del Gobierno se han mantenido, como el dispositivo para regularizar a los inmigrantes irregulares que trabajen en sectores con déficit de mano de obra, algo a lo que la derecha se resistía y que acabó aceptando, si bien con muchas restricciones.
El presidente del Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) y candidato a las europeas, Jordan Bardella, consideró que lo sucedido es «un golpe de fuerza de los jueces, con el apoyo del propio presidente de la República», y lamentó que se hayan censurado «las medidas de firmeza». «La ley de inmigración nace muerta», concluyó Bardella en la red X (antes Twitter)
Por Eusebio Val. Corresponsal en París, de La Vanguardia
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