La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que pedirá quitar la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo por el caso de una ocupación de una universidad en 2022, elevando la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el poder.
«El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León» y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de sus fueros, dijo el fiscal Saúl Sánchez en rueda de prensa, mientras el mandatario electo ha denunciado un «golpe de Estado en curso» para evitar que asuma el mando el 14 de enero.
La tensión entre el mandatario electo y la Justicia crece en estos días.
El anuncio del pedido de quitar los fueros llegó poco después de un gran operativo con allanamientos a varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada de Arévalo, por la ocupación de una universidad pública en 2022.
«La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional Civil coordina 31 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, en seguimiento a investigación en curso», dijo a periodistas el vocero del Ministerio Público, Moisés Ortiz.
Las operaciones apuntan a detenciones por los supuestos delitos de «usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita», agregó.
Al menos 27 personas tienen orden de captura, según medios locales, entre ellas líderes estudiantiles, académicos y activistas de otras organizaciones, quienes entre mayo y junio de 2022 ocuparon la sede central de la Universidad de San Carlos, la única estatal.
La ocupación fue llevada adelante en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei.
Allanamientos y arrestos
En los operativos de este jueves fue detenida la estudiante y activista Marcela Blanco, ex candidata a diputada por el partido Semilla, de Arévalo. La agrupación política fue inhabilitada por la justicia este mes, a pedido de la Fiscalía.
«Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos», escribió Arévalo en la red social X (antes Twitter).
Incidentes entre manifestantes y policías este miércoles a la noche, frente al Congreso en Ciudad de Guatemala. Foto: EFE La Corte Suprema de Justicia rechazó el miércoles un pedido del presidente electo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla.
El anuncio ocurrió casi en simultáneo a la elección en el Congreso, dominado por el oficialismo, de los miembros de la Corte Suprema, decisión pendiente desde 2019.
Al cierre de la sesión por la noche, un grupo de manifestantes insultó y lanzó objetos a diputados que salieron del Parlamento y causaron un enfrentamiento con la policía. Este jueves el edificio estaba resguardado por cerca de 2.000 uniformados.
«Por unanimidad se deniega en definitiva el amparo» solicitado por Arévalo, informó el asesor de la Corte Suprema, Leonel Marroquín, en un video entregado a periodistas.
El opositor Arévalo, de 65 años, había solicitado el 18 de septiembre al alto tribunal dejar sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y en su lugar procesar a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.
La petición también abarcaba al fiscal Rafael Curruchiche, que ha dirigido allanamientos a oficinas de TSE y al juez Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su conformación en 2017.
Los tres funcionarios son considerados por Estados Unidos como personajes «corruptos» y «antidemocráticos» y desde 2021 les prohibió el ingreso a su territorio.
Una marcha de seguidores de Bernardo Arévalo, contra la Fiscalía y el gobierno saliente de Alejandro Giammatei, en Guatemala en septiembre. Foto: AFP«Golpe de Estado»
El socialdemócrata Arévalo sostiene que las acciones contra su partido obedecen a un «golpe de Estado en curso» por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción.
«Se entiende de que sí son acciones que van de alguna manera concatenadas al golpe», dijo a la AFP la diputada electa de Semilla, Andrea Reyes, en referencia al rechazo del amparo.
Este miércoles, la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció intentos de «impedir una transición pacífica del poder» el 14 de enero al presidente electo y llamó a detener cualquier «acto de intimidación» en Guatemala.
En una resolución, la OEA fustigó «los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder» y expresó «su grave preocupación» por «las continuas acciones postelectorales, disputas partidistas, la excesiva judicialización del proceso electoral».
La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, el voto en contra de Guatemala, y ocho abstenciones, incluidas las de Panamá, Honduras y El Salvador. Jamaica, Guyana y Barbados estaban ausentes.
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