la justicia devolvió a su lugar una pieza clave en el gran puzzle de la corrupción

En la resplandeciente constelación de causas por corrupción que afligen a Cristina Kirchner, la Ruta del Dinero K no es la estrella principal. Pero tiene un lugar clave, porque fue la primera que brilló primero en las pantallas de televisión y de inmediato en los tribunales penales. Hace más de diez años.

El caso lo tenía todo: empresarios ligados al Estado –Lázaro Báez-, famosos –Leonardo Fariña, Fabián Rossi, entonces esposo de Ileana Calabró- arrepentidos -el opaco financista Federico Elaskar– y, en la cima, la sombra de la mismísima presidenta de la Nación. La investigación, impecable, fue presentada en el prime time dominical por Nicolás Wiñazki y Jorge Lanata, en su programa Periodismo para Todos.

La trama, tan elemental como obscena, contaba las matufias de Báez y sus atolondrados asistentes para lavar a toda velocidad 55 millones de dólares acumulados en una cueva VIP de Puerto Madero -«La Rosadita»-, que llegaban en bolsos de «físico» -efectivo- a los que directamente pesaban en lugar de tomarse el trabajo de contar billete por billete. Esa bola de dólares negros luego desaparecía en rocambolescos laberintos financieros off shore: pasaban de un paraíso fiscal a otro, se detenían y cambiaban de titulares en la siguiente estación, hasta terminar en silenciosas bóvedas suizas.

La historia atrajo a los espectadores como la miel a la abejas, y ese domingo 14 de abril de 2013 hizo volar el rating por encima de los 30 puntos. Primer detalle: pese a la complejidad de la denuncia, se trataba de un tema sorprendentemente popular. Ese rasgo evitó hasta ahora mismo que los reiterados esfuerzos por sofocar el escándalo y desactivar la investigación penal tuvieran éxito.

Al día siguiente del programa varias denuncias aterrizaron en Comodoro Py, y terminaron unificadas en manos del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello. Desde ese mismo instante, el gobierno usó todos sus recursos para evitar que el caso avanzara.

La primera ola de esa infantería fue enviada por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, que metió a uno de sus fiscales especializados, Carlos Gonella, a husmear en un expediente en el que no tenía parte, con un extravagante escrito en el que recomendaban limitar el objeto de la investigación y ni siquiera rozar a Báez. Ni hablemos de Cristina. Gonella y su segundo, Gabriel Orsi, terminaron procesados por prevaricato.

Quien en cambio empujaba la causa lo más posible era Marijuan, sin cuya perseverancia todo habría quedado en nada rápidamente. El juez Casanello, un jurista honesto, avanzó apenas milímetros durante casi tres años, hasta que cambió el inquilino de la Casa Rosada y los argentinos supimos que era un buen investigador.

Con las manos ahora sí liberadas, en 2016 Marijuan viajó a la Patagonia, perforó su suelo con topadoras en busca de tesoros ocultos, descubrió decenas de inmuebles que Lázaro Báez jamás había declarado como propios, una copiosa colección de autos y hasta una biblioteca repleta de incunables y tesoros valiosísimos: ejemplares datados desde el siglo XVI, primeras ediciones de Borges, cartas de Evita, un ejemplar de La Razón de mi vida autografiado por la autora, otros de Juan Perón.

La voracidad por lavar dinero a través de cualquier vía y durante tantos años reveló que el flujo de plata que «le sobraba» a Báez de lo que cobraba por medio centenar de contratos de obras públicas era constante y cuantioso. Y que luego de la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, además, intentó desviar una porción de esa fortuna sin que Cristina Kirchner lo supiera.

El contratista fue procesado, juzgado y finalmente condenado por lavado en la Ruta del Dinero K -nombre que Wiñazki y Lanata le habían puesto a su informe periodístico y fue adoptado por la justicia-.

Esta apretada tarea de arqueología judicial es necesaria para describir la lucha en el expediente de dos fuerzas que chocaron para avanzar y para detenerlo. Para salvar a Báez o para que él sea el único culpable.

Esos intentos se reflejaron con transparencia en estos años. Marijuan rechazaba una y otra vez los pedidos para sobreseer a Cristina, pero Casanello tampoco la acusaba de nada. La Cámara Federal le ordenó al menos dos veces investigar la vinculación entre el contratista y la contratante. El limbo continuó durante años.

Hasta que en mayo pasado hubo una sorpresa de primera magnitud: el enjundioso fiscal de repente pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta, pese a que en ese mismo escrito reconoció que uno de los análisis pendientes revelaba 370 llamadas y comunicaciones desconocidas entre Báez y Cristina o sus oficinas en la Casa de Gobierno. Pocos días después, y como Marijuan había desistido de la acusación, Casanello firmó la desvinculación de la vice.

Pero muchas cosas habían sucedido en los tribunales estos años. En sus juzgados se investigó y condenó la mega defraudación al Estado en el caso Vialidad, que comprobó la connivencia delictiva entre Báez y Cristina para robarle dinero al fisco con sobreprecios y obras públicas que no se terminaban o directamente no se empezaban.

También avanzaron, despejando mil piedras del camino, las causas ahora unificadas Hotesur-Los Sauces, en las cuales se desnudó «devolución» de formidables montos de dinero por parte de Lázaro y sus empresas a Cristina y las suyas, bajo la fachada de alquileres de hoteles y departamentos.

La Ruta del Dinero K es una pieza más de ese rompecabezas de la corrupción, tal como con evidente consternación aclararon los jueces de la Cámara de Casación Federal este martes, cuando anularon el sobreseimiento de Cristina.

Aunque esos retazos fueron juzgados por separado por razones de economía procesal o por simple imposibilidad de relacionarlos antes, forman parte de una misma película, interpretada por los mismos actores y desarrollada en los mismos escenarios. El drama argentino del saqueo del Estado.