Las concesiones del gobierno argentino a la flota pesquera china

Semanas atrás, unos 30 diputados kirchneristas dejaron sin quórum la sesión en la que se debía tratar la ley de trazabilidad electrónica de la pesca, que busca diferenciar en los mercados los productos de mar argentinos de aquellos obtenidos de forma ilegal y no reglamentada, principalmente por las flotas chinas; combatir el fraude, que alcanza el 36% en pescaderías en las principales ciudades del país; y garantizar el ingreso a mercados cada vez más regulados.

La oposición del gobierno a trazar la legalidad e inocuidad de la pesca en toda la cadena de suministro es parte de una política intencionada del Poder Ejecutivo más amplia, que implica hacer la vista gorda ante las operaciones chinas en el Atlántico Sur.

A pesar de que, ante la OMC la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, reclamó por el fin de los subsidios a las grandes flotas, el país aún no ratificó el Acuerdo sobre las Subvenciones a la Pesca alcanzado el año pasado. China es, por lejos, el país que más subsidia a sus embarcaciones.

El país tampoco ha ratificado el Acuerdo de Ciudad del Cabo que, entre otras cosas, establece regulaciones sobre la protección de la tripulación y de los observadores en los buques pesqueros, tendientes a combatir la violación de los derechos humanos, algo que caracteriza a las flotas chinas.

Semanas atrás, en Nueva York, se abrió a la firma el Convenio sobre Biodiversidad más allá de las Jurisdicciones Nacionales, que presenta oportunidades para combatir la pesca ilegal y no reglamentada en el Atlántico Sur. A pesar de que Alberto Fernández y Santiago Cafiero estuvieron allí a propósito del encuentro anual de la Asamblea General de la ONU, el tratado no fue refrendado por la Argentina.

A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, no existe una organización regional de ordenación pesquera en el Atlántico Sudoccidental ni ningún otro mecanismo de cooperación internacional.

Además, la Argentina no promueve la articulación política con los países ribereños vecinos, sobre todo con Uruguay, que se ha convertido en el centro operativo de muchas de estas embarcaciones. El tema tampoco aparece en la agenda bilateral con China, a diferencia de otros países que han reclamado a Pekín por las acciones de sus flotas, como Brasil, Perú y Ecuador.

En los últimos 10 años, el esfuerzo pesquero de la flota china en el Atlántico Sur se multiplicó por ocho. La Oficina de Desarrollo Oceánico de ese país ha reconocido que, a pesar del aumento de las embarcaciones en la zona, la captura del calamar ha decrecido. Pero resaltan la abundancia del recurso dentro del mar argentino.

El Estado chino y sus empresas vienen adquiriendo compañías locales y nutriéndolas con tripulación y embarcaciones propias para poder pescar con bandera argentina dentro de la milla 200.

El embajador argentino, Sabino Vaca Narvaja, es hoy un promotor de estas adquisiciones. Algunas de esas empresas poseen embarcaciones que han operado de forma no reglamentada al borde exterior de la milla 200 y acumulan denuncias por la explotación de sus tripulantes.

China se ha convertido en las últimas décadas en una potencia marítima con conflictos en diferentes puntos del planeta. Su flota pesquera es parte de su estrategia de sentar presencia en todos los mares del mundo.

Mientras tanto, la acción del gobierno argentino se reduce al control de las incursiones ilegales dentro de aguas territoriales, asignando fondos insuficientes a las fuerzas de seguridad y poniendo en riesgo a sus integrantes frente a embarcaciones muchas veces militarizadas.

María Eugenia Testa es Directora del Círculo de Políticas Ambientales. Mg. en Política y Economía Internacionales. Especializada en derecho ambiental y políticas sostenibles del mar. Milko Schvartzman es Responsable del Programa de Conservación Marina del Círculo de Políticas Ambientales. Especialista en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y consultor internacional.