México exige saber por qué los cárteles de las drogas usan armas del ejército de Estados Unidos

México pidió a Estados Unidos que investigue de manera urgente la entrada a territorio mexicano de armas “de uso exclusivo del ejército estadounidense» y que están cayendo en manos de los cárteles, informó el lunes la secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena.

“Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense», afirmó durante la conferencia presidencial matutina. “Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto”.

Según Bárcena, la petición se dio el pasado viernes, en el encuentro que tuvo lugar en Washington entre funcionarios de alto nivel de ambos dos gobiernos.

En junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo haber incautado 221 ametralladoras totalmente automáticas, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes a los cárteles de la droga desde finales de 2018.

La venta en armerías y la posesión de uso civil de ese tipo de armamento está prohibida por las leyes en Estados Unidos, lo que apunta a que hayan sido adquiridas y trasladadas a México por otra vía.

El armamento estadounidense de grado militar, que integrantes de los cárteles han exhibido abiertamente en publicaciones de redes sociales, plantea un desafío añadido para las fuerzas de seguridad mexicanas que desde hace tiempo ven cómo estos grupos operan vehículos blindados caseros y drones que lanzan bombas.

Según explicó en junio el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se habían incautado cinco lanzacohetes al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuatro al Cártel de Sinaloa y tres más a otros grupos criminales. En ese momento, el general Sandoval no especificó si las armas procedían de arsenales militares estadounidenses.

«Estamos comprometidos a trabajar con Sedena a ver qué es lo que hay”, afirmó el lunes el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en conferencia de prensa.

“No sé qué pasó en este caso”, agregó, pero insistió en que Estados Unidos tiene entre sus prioridades detener el flujo ilegal de todo tipo de armas hacia México.

El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas ilegales que llegan a México proceden de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hay varias rutas posibles por las que puede haber llegado a territorio mexicano. Por un lado, Centroamérica estuvo inundada de tales armas durante los conflictos de la década de 1980 y, además, investigaciones periodísticas denunciaron que Estados Unidos ocultó durante años la pérdida de armas de sus arsenales.

El analista de seguridad mexicano David Saucedo habla de otra vía. Lo que le parece más viable es que estas armas se hayan obtenido en el mercado negro por parte de traficantes que las compraron a intermediarios de quienes las fabrican.

Además, México tiene desde hace tiempo un problema con los rifles semiautomáticos de uso civil permitidos en Estados Unidos y que se introducen de contrabando en México, donde sólo se permiten y están estrictamente reguladas las armas de fuego de bajo calibre.

Por este motivo, el gobierno mexicano emprendió acciones legales contra fabricantes de armas y armerías estadounidenses, argumentando que contribuyen a la violencia.

De hecho, el lunes, un tribunal de apelaciones de Boston concedió a México una victoria en una de esas acciones, al reactivar una demanda de 10.000 millones de dólares contra siete fabricantes y un distribuidor de armas estadounidenses. México argumentó que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron sacar provecho de ese mercado.

En 2022, un juez federal estadounidense desestimó las demandas mexicanas basándose en una ley estadounidense de 2005 que protege a los fabricantes de armas de los daños y perjuicios “derivados del uso indebido, delictivo o ilegal” de un arma de fuego.

México recurrió la sentencia y el lunes el tribunal de apelaciones le dio la razón, revivió la demanda con el argumento de que la mencionada ley no es aplicable en casos de armas que causaron muertes, daños y lesiones en México y devolvió el caso al tribunal de primera instancia para que volviera a examinar el caso a fondo.

El tema de las armas de uso militar estadounidenses fue solo uno de los puntos de la reunión de alto nivel de pasado viernes que estuvo más centrada en migración y era continuación del encuentro celebrado en diciembre en Ciudad de México, ante el repunte de cruces irregulares en la frontera entre ambos países.

Según Bárcena, Estados Unidos informó a México de su intención de sancionar a empresas sudamericanas, centroamericanas y posiblemente mexicanas que transporten migrantes en situación irregular, aunque en el caso de las mexicanas, la canciller pidió que no se hiciera de forma unilateral por parte de Washington y aseguró que el gobierno de México ya analiza el tema.

Al ser preguntado al respecto, el embajador Salazar se limitó a poner como ejemplo las acciones contra aerolíneas que movían a migrantes a través de Nicaragua.

Otra petición mexicana fue que la aplicación CBPOne, que permite a muchos migrantes solicitar una cita con autoridades estadounidenses para migrar legalmente, pueda utilizarse también desde el sur del país y no solo desde la capital o la mitad norte de México.

Con información de Associated Press