Un nuevo fenómeno migratorio desborda el aeropuerto de Barajas en Madrid y provoca tensión en el gobierno

Desde que comenzó el año, una nueva modalidad de ingreso de inmigrantes a España está generando preocupación, nervios y tensiones en el gobierno nacional, en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, en el aeropuerto de la capital, Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Porque sucedió ya en más de cien ocasiones y sigue pasando casi a diario: pasajeros de vuelos que partieron desde algún país africano y con destino final en Sudamérica hacen escala en Madrid y aquí se quedan.

Algunos, apenas pisan suelo español, destruyen sus documentos y solicitan asilo. Otros se presentan como menores no acompañados e ingresan así en el protocolo específico que se aplica cuando hay que dar acogida a chicas o chicos extranjeros que llegan solos y son menores de 18 años.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo califica como “uso fraudulento de las escalas”.

El viernes, en una visita a Rabat, donde se reunió con el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, Grande-Marlaska anticipó que España estudia establecer visas de tránsito para descongestionar el aeropuerto, desbordado por los solicitantes de asilo.

Un pasaje de Iberia, por ejemplo, para volar en febrero desde Casablanca, en Marruecos, hasta San Pablo, en Brasil, ronda los 970 euros, ida y vuelta. Un cifra que resulta más económica y menos vertiginosa que pagar -a las redes que trafican personas- por arriesgar la vida y cruzar el Atlántico en gomón.

Según el Ministerio del Interior, en la primera quincena de 2024, 3.678 personas entraron ilegalmente a España. Casi todas -3.480- llegaron en 53 embarcaciones.

La mayoría desembarcó en alguna de las islas Canarias, donde la inmigración irregular aumentó un 286 por ciento respecto de los primeros quince días de 2023.

En 2023, España recibió más de 163.000 pedidos de posibles futuros refugiados, el 30 por ciento de los cuales presentó su solicitud en Madrid.

“El año pasado llegaban una media de 77 menores nuevos al mes, ahora hemos pasado a 400”, admite la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila.

Aunque no todas las personas que utilizan la escala madrileña de sus vuelos para quedarse en Europa desean permanecer en España. El domingo 14 de enero, 17 migrantes rompieron una ventana de la sala en la que esperaban tramitar su solicitud de asilo en el aeropuerto y se escaparon. Dos días antes, otras nueve personas también se fugaron de Barajas rompiendo el techo del salón en el que estaban.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que las condiciones en las que los solicitantes de asilo esperan en el aeropuerto de Barajas vulnera derechos fundamentales.

“Las salas destinadas a la acogida de los solicitantes de asilo exceden su capacidad, llegando a albergar a día de hoy (22 de enero) a más de 390 personas en condiciones indignas e inhumanas -señalan-. Alrededor de 182 personas aún no han podido formalizar su solicitud de asilo, principalmente procedentes de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.”

CEAR recuerda que, según establecen las normas europeas, registrar una solicitud de asilo es un trámite que debería realizarse en un plazo de entre 3 y 10 días. “Los retrasos en la formalización de las solicitudes alcanzaron hasta 18 días en diciembre, aunque la situación ha mejorado levemente, reduciéndose a 8”, dicen.

Desde la oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señalan a Clarín: “Nos preocupa mucho la situación en el aeropuerto de Barajas de solicitantes de asilo hacinados y sin las condiciones higiénicas adecuadas desde hace mucho tiempo”.

“Hemos reiterado nuestra preocupación a las autoridades y estamos apoyando en la búsqueda de soluciones -agregan-. Estamos proporcionando intérpretes para que apoyen en estas entrevistas en Barajas a los instructores del Ministerio del Interior y a abogados que brindan asistencia letrada a solicitantes de asilo en puestos fronterizos.”

El Defensor del Pueblo, Angel Gabildondo, visitó las salas de asilo de Barajas. Consultada por Clarín, la defensoría de Gabilondo aclara que es necesario “encontrar una solución para la ubicación de esas personas mientras se resuelve su petición de asilo”.

“Es urgente que se habilite un espacio adecuado y en condiciones dignas”, agregan.

Esta semana, el Tribunal Supremo confirmó que la devolución en caliente -es decir, hacer regresar a un migrante al lugar de dónde salió- de decenas de menores que la Guardia Civil realizó en 2021 fue ilegal.

En agosto de ese año, una oleada de más de 12.000 inmigrantes, la gran mayoría chicos que todavía no eran mayores de edad, saltaron las vallas de Ceuta, una de las dos ciudades españoles en suelo africano. La gendarmería marroquí y la Guardia Civil española hicieron volver a Marruecos a varios de ellos.

Para el Tribunal Supremo hubo una “absoluta inobservancia” de lo que establece la ley de extranjería. Según esa norma, la devolución prevé, antes de la expulsión de España, que se abra un expediente a cada menor con información detallada, que haya una audiencia con él y que intervenga la Fiscalía.

En agosto de 2021 no se cumplieron ninguno de estos pasos.

La oposición y otras fuerzas políticas pidieron este martes la renuncia o la destitución del ministro del Interior.